La Dirección General de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía inspeccionará al menos mil establecimientos de restauración en la campaña de inspección dirigida a comprobar el cumplimiento de la normativa que afecta a los establecimientos de restauración en la comunidad autónoma.
En la campaña, que comenzó en febrero y se prolongará hasta diciembre de este año, participan todos los Servicios Provinciales de Consumo de Andalucía y tiene como objetivo comprobar en los distintos establecimientos de restauración el cumplimiento de la normativa vigente que les resulta de aplicación.
Así, los inspectores deben comprobar la existencia de las hojas de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía y si se informa al público adecuadamente de su disponibilidad; y verificar que se facilita información sobre los precios y los servicios ofertados.
Asimismo, se presta especial atención al uso de envases de aceite de oliva dotados de sistemas que impidan su reutilización, a la información sobre alérgenos e intolerancias alimentarias, a la entrega de facturas o justificantes de pago, al cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los establecimientos y a la información relativa a los productos sometidos a procesos de congelación o procedentes de sistemas de acuicultura que garanticen la ausencia de anisakis.
La campaña también vela por el cumplimiento de la prohibición de fumar en los establecimientos, la disponibilidad gratuita de agua del grifo y la oferta de agua envasada para su venta, la posibilidad de que la clientela pueda llevarse los alimentos no consumidos, el correcto etiquetado de las bebidas espirituosas y la prevención de la comercialización de productos de la pesca no autorizados.
En la campaña de inspección de restauración de 2025, se realizaron en toda Andalucía 1.060 actuaciones inspectoras en 629 establecimientos visitados, agrupadas en 626 expedientes de inspección, de los que 97 resultaron con incumplimientos, lo que supone un 15,49%.
Respecto a los resultados obtenidos, el mayor porcentaje de incumplimientos se observa en relación con la no disposición por el establecimiento de las hojas de reclamaciones de la Junta de Andalucía y del cartel anunciador de las mismas; con no estar expuestos los precios de comidas y bebidas, así como los servicios ofertados en el establecimiento, mediante cartas de comidas y bebidas, y/o listas de precios; con el hecho de que las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios no se encuentran situadas tanto en el exterior como en el interior de los restaurantes; con el hecho de que en los establecimientos que sirven en mesa no se entrega, antes de la prestación del servicio, una carta o lista que contenga la totalidad de lo ofertado, con mención expresa de los productos, servicios y precios; con no cumplir la obligación de venta por unidades de peso cuando se ofertan al público productos de charcutería, queso u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal; y con no cumplir con la obligación de venta en peso o por unidades cuando se ofertan al público moluscos o crustáceos.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es,y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad, Presidencia y Emergencias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.