La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud está llevando a cabo, a través del Servicio Provincial de Sevilla, una campaña de inspección de ámbito nacional dirigida a comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de etiquetado y composición de prendas textiles de bajo coste. El objetivo de la campaña es comprobar que estos productos cumplen con los requisitos básicos y generales de información y seguridad, así como adoptar las medidas necesarias para la corrección del mercado, bien sean medidas preventivas, sancionadoras, o ambas.
La campaña de inspección se centrará en prendas textiles de bajo coste de diferentes tipos, entre blusas, camisas, camisetas, faldas, pantalones, vestidos, pijamas, americanas, jerseys y abrigos. En total, se realizarán 140 controles de etiquetado a nivel nacional, 30 de ellos por parte del Servicio Provincial de Consumo de Sevilla. Además de Andalucía, en la campaña de control están participando las Comunidades Autónomas de Asturias, Baleares, Castilla la Mancha y Extremadura.
Por otra parte, se tomarán muestras de 10 productos a la venta, que serán remitidas para su análisis al laboratorio del Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC). El objetivo de los análisis será comprobar que la composición de la prenda declarada en el etiquetado (por ejemplo, algodón + poliéster o 100% algodón) coincide con la real.
En el caso de que se detecten irregularidades en los artículos que puedan afectar a la salud o la seguridad de las personas, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros, con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos.
Tanto en el caso anterior como si se detectan irregularidades de tipo informativo, como, por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano, se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador. Además, La Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 60.000 euros, en función de la gravedad de la infracción.
Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2018, que comprende un total de 25 campañas dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente. El desarrollo del Plan supondrá más de 9.000 controles y la toma de aproximadamente 400 muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.
Recomendaciones
Desde la Dirección General de Consumo se recomienda leer detenidamente el etiquetado antes de adquirir un producto para asegurarse de que es correcto y que identifica adecuadamente a su responsable. La información debe ser visible, legible, comprensible, e imborrable, además de figurar en castellano y en un lugar destacado.
Igualmente se aconseja prestar especial atención a las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso que acompañen al producto. En el caso de las prendas textiles, es importante prestar atención a los materiales de la composición, para evitar posibles reacciones alérgicas, así como comprobar las características del material y las indicaciones para su cuidado.
Si se opta por realizar las compras por Internet, se deben tener en cuenta una serie de precauciones para evitar riesgos de seguridad. En primer lugar, es conveniente elegir páginas seguras para realizar las compras, para lo que se debe comprobar que en la dirección aparece ‘https’ en lugar del ‘http’ habitual, o que aparece en la pantalla un candado cerrado o una llave entera, que son indicadores de que el sitio web utiliza tecnología especial para proteger los números de las tarjetas de crédito, así como la información transmitida.
Igualmente, en las compras por Internet es recomendable asegurarse de poder identificar de forma adecuada a la empresa responsable de la página web o proveedora, a través de su nombre, domicilio y NIF, así como leer con detenimiento los apartados que hacen referencia al aviso legal y a los términos y condiciones de la venta.
Además, es importante destacar que en esta modalidad de compra existe el derecho de desistimiento, que permite, con carácter general, cancelar el contrato durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto, sin tener que alegar motivo alguno.
Por último, la Junta aconseja informarse sobre la política de devolución del producto antes de hacer la compra, y pedir siempre el ticket o la factura, documento imprescindible para efectuar cualquier reclamación, devolución o cambio del producto, y en el que deberá figurar el NIF. y/o la razón social de la empresa vendedora.
Asimismo, se recomienda, siempre que sea posible, realizar las compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que de esta manera se garantiza que cualquier posible discrepancia pueda quedar resuelta de forma rápida y gratuita. Igualmente, se recuerda que los establecimientos deben disponer de hojas de quejas y reclamaciones a disposición del público, para lo cual se exhibirá un cartel que informe claramente de su existencia.
Ante cualquier duda o consulta sobre este tema, se puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es o del perfil de Twitter @consumoresponde.
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.