Los Servicios Provinciales de Consumo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía iniciaron el pasado mes de julio una campaña, de ámbito autonómico, para vigilar la publicidad comercial en la comunidad y que se mantendrá hasta final de año. En este tiempo, la previsión es realizar 380 actuaciones inspectoras con el objetivo de mejorar la calidad de la información ofrecida a la ciudadanía, así como las condiciones de las ofertas de bienes y servicios.
Las acciones de esta campaña se dirigen tanto a empresas cuya publicidad se centre en el ámbito local o provincial, así como a aquéllas cuya actividad publicitaria tenga carácter nacional, regional o multiprovincial.
Las actuaciones abarcan cualquier medio utilizado para difundir comunicaciones comerciales, incluidos folletos publicitarios, prensa, radio, televisión, cartelería en establecimientos, Internet y redes sociales, cuando estos canales actúen únicamente como elementos de difusión publicitaria y no permitan efectuar la compra del producto o servicio, pues, en caso de permitir la compra, se analizaría en el marco de la campaña de inspección de contratación a distancia a través de páginas webs, que también se está realizando.
Cabe destacar la especial atención que se presta a las prácticas comerciales desleales. Entre ellas se encuentran la difusión de información falsa o susceptible de inducir a error, la omisión u ocultación de aquella información necesaria para que el destinatario pueda adoptar una decisión informada, así como aquellas prácticas que, mediante acoso, coacción o influencia indebida, puedan limitar de manera significativa la libertad de elección de las personas consumidoras o usuarias. Asimismo, se consideran desleales aquellas actuaciones que puedan generar confusión, incluida la asociación con otras marcas o nombres comerciales.
La campaña también contempla la comprobación de que los establecimientos tengan existencias suficientes de los productos ofertados, y de que lo ofertado se corresponda con lo expuesto en anaqueles o estanterías. Se prestará especial atención a la utilización de expresiones como “oferta válida salvo fin de existencia”, “existencias limitadas” o similares.
En los establecimientos que ofrezcan créditos al consumo se revisarán, entre otros aspectos, las condiciones de la financiación, con especial atención a la información facilitada sobre el tipo de interés, la duración del crédito y su importe total.
En el ámbito de las redes sociales se comprueba que cuando se promociona un bien o un servicio, se identifica de forma clara que se trata de un contenido publicitario.
Durante la campaña de inspección de 2025 se realizaron 246 actuaciones en 242 establecimientos, que dieron lugar a 244 expedientes. De ellos, 45 fueron calificados como positivos, lo que representa el 18,44% del total. Entre las principales irregularidades detectadas destacan la inclusión de expresiones como “oferta válida salvo fin de existencias” o “existencias limitadas”, la incorrecta indicación del precio por unidad de medida, la falta de existencias de los productos ofertados, la información incorrecta sobre los precios, o que, en redes sociales, se promociona un bien o servicio sin especificar de forma clara que se trata de un contenido publicitario.
Consumo Responde
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es, y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.