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La Dirección General de Consumo subraya que debe promoverse un consumo responsable, protegiendo a la población más vulnerable ante contenidos sólo recomendados para personas adultas, y recuerda que existen vías como el control parental, la mediación y el diálogo
La campaña del Plan de Inspección de Consumo controla el marcado CE, las advertencias de la entidad fabricante y la seguridad de la ropa infantil, especialmente si presenta cordones y cuerdas ajustables
La entidad bancaria puede cobrar una comisión mensual de 3 euros máximo para la prestación de determinados servicios, siendo gratis para quien acredite situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera
Los Servicios Provinciales de Consumo comprueban la disponibilidad de existencias de los productos ofertados, la obligación de indicar el precio final completo o prácticas que puedan generar engaño o confusión en las personas consumidoras
El indicador se sitúa en el embalaje del juego o en la información de la app y establece una clasificación atendiendo a la edad recomendada y a contenidos como violencia, sexo, lenguaje soez o si invitan a comprar bienes con dinero real
Las personas menores de edad son especialmente vulnerables ante la exposición masiva a contenidos que pueden ser inapropiados, o los riesgos para su privacidad o intimidad si no existe un control
Ante el aumento exponencial de las compras online de los envíos a distancia, la Dirección General de Consumo recuerda los derechos que asisten a las personas consumidoras y usuarias, y recomienda leer detenidamente las condiciones del contrato, plazos de entrega y políticas de devolución
La Dirección General de Consumo recuerda que las personas usuarias tienen derecho a devoluciones del importe del billete o medios de transporte alternativos en caso de verse afectadas
Las actuaciones buscan verificar el cumplimiento normativo general y analizar la documentación y los contratos del sector, la publicidad y promoción, así como los certificados de eficiencia energética
El régimen de garantía legal, como protección de las personas consumidoras en la adquisición de bienes y productos de consumo, se aplica ante casos de faltas de conformidad con los mismos, e implica derechos como la reparación, sustitución, rebaja del precio o, en su caso, resolución del contrato