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Una competencia de los municipios es la defensa de las personas consumidoras y usuarias y disponer de la capacidad de promover actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad, como es el caso del arbitraje de consumo.
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En virtud de la normativa autonómica, las entidades locales andaluzas cuentan con una serie de competencias en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
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Las Oficinas de Información a la Persona Consumidora, de titularidad pública, son órganos de información, orientación y asesoramiento a las personas consumidoras en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.