A) ÁMBITO Y FECHA DE EJECUCIÓN
La presente campaña de inspección, que tiene ámbito autonómico, está destinada a comprobar, a través del análisis e inspección de las páginas Webs, el grado de cumplimiento de la regulación fijada en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en lo concerniente a la información precontractual, incluido el derecho de desistimiento, la factura electrónica, condiciones generales de la contratación, posibles prácticas comerciales desleales y el funcionamiento de la nueva regulación sobre quejas y reclamaciones, todo ello sin perjuicio de vigilar otras cuestiones que puedan surgir en el transcurso de la inspección.
Las actuaciones se desarrollarán desde el mes de febrero hasta final de noviembre de 2020.
B) OBJETIVOS Y ASPECTOS A VIGILAR
La presente campaña de inspección tiene los siguientes objetivos:
- El control legal de las personas físicas y/o jurídicas que oferten productos y/o servicios a través de páginas Webs, en cuanto a lugar de establecimiento, identificación, oferta, condiciones generales de contratación, prácticas comerciales desleales, contratos y quejas y reclamaciones.
- La obtención de datos suficientes que permitan mejorar la información que recibe el consumidor a través de Internet, tanto de los productos ofrecidos como de sus derechos y obligaciones.
C) NÚMERO DE CONTROLES
De acuerdo con los objetivos previstos, por los Servicios de Consumo provinciales se llevarán a cabo al menos 395 actuaciones inspectoras en páginas Webs, en las que se inspeccionarán, en la medida de lo posible, cuatro productos o servicios ofertados en cada una de las páginas.
D) PROTOCOLO DE INSPECCIÓN
Se adjunta el protocolo de inspección de esta campaña.
Este protocolo es un documento guía para la actuación de la Inspección de Consumo, que en nada obstaculiza la posibilidad de que, en el curso de las actuaciones de vigilancia que se lleven a cabo, se puedan controlar otros aspectos de la normativa vigente no previstos en el mismo.
E) NORMATIVA DE APLICACIÓN
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
- Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
- Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requisitos y el procedimiento de concesión.
- Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
- Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.
- Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor.
F) DATOS DE CAMPAÑAS DE AÑOS ANTERIORES
En relación con la campaña de inspección de comercio electrónico 2019, se realizaron en toda Andalucía 257 actuaciones inspectoras, en 232 páginas Web comerciales visitadas, de las cuales 173 resultaron con actas positivas, lo que supone un 67% del total de las actuaciones realizadas.
Como principales incumplimientos cabe destacar los siguientes: no incluir en el sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la UE a la que se refiere el Reglamento (UE) nº 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013; no facilitar el modelo de formulario de desistimiento establecido en el anexo A del R.D.L. 1/2007, de 16 de noviembre, así como no indicar, siendo exigible, el derecho de desistimiento y las condiciones, plazo y procedimientos para ejercerlo; no facilitar la información alimentaria obligatoria conforme establece la normativa de aplicación; la inclusión cláusulas abusivas en las condiciones generales de la contratación; y no incluir dentro de las condiciones generales de contratación, como una opción no predispuesta, que la persona consumidora tiene como opción dar o no su consentimiento expreso de recibir factura en formato electrónico.
G) ENLACE A LA NOTA DE PRENSA