En el sector financiero la protección a los consumidores y usuarios es de especial relevancia, dado que están en juego no sólo sus intereses económicos sino también la estabilidad del sistema.
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El objeto fundamental de esta ley son los créditos y préstamos hipotecarios concedidos por empresas que no son entidades de crédito y los servicios de intermediación del crédito, con el objetivo de salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores y usuarios.
Hasta el momento estos dos fenómenos no contaban con una previsión normativa específica, pero están un gran auge en la actualidad.
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