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Aviso. Medidas urgentes en materia de vivienda, suministros y de otra índole con incidencia en consumo

Se procede a prorrogar determinadas medidas de diferente índole, relacionadas con la garantía de los suministros de agua, gas natural y electricidad para personas consideradas vulnerables, los desahucios, el derecho a la percepción del bono social eléctrico para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica, así como en materia de contratos de arrendamiento de la vivienda habitual y el derecho a compensación de las personas arrendadoras.
Vivienda y calculadora

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

 

Antecedentes.

El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, establece medidas urgentes de diferente orden a aplicar tras la finalización del Estado de Alarma el 9 de mayo de 2021. Algunas de ellas, tienen o pueden tener incidencia en materia de consumo.

Entre otros aspectos, en virtud del citado Real Decreto-ley 8/2021, se procedió a prorrogar por plazo de 3 meses desde el final del Estado de Alarma, es decir, hasta el 9 de agosto de 2021, algunas de las medidas adoptadas en su momento para atender diversas situaciones de vulnerabilidad, referidas a:

  • Garantía de determinados suministros (agua, electricidad y gas natural) a las personas consumidoras consideradas vulnerables.
  • Derecho a la percepción del bono social eléctrico por parte de personas consumidoras  y determinados colectivos vulnerables.
  • Determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de viviendas.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, se procedió a una nueva ampliación hasta el 31 de octubre de 2021 de las medidas sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, así como de los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua para aquellas personas consumidoras en los que concurra la condición de vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión social.

Por su parte, el Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, supuso una nueva prórroga o ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de algunas de las medidas adoptadas con relación a la garantía de determinados suministros y el derecho a la percepción del bono social por parte de las personas consumidoras y determinados colectivos vulnerables, así como de determinadas medidas de protección en el ámbito del arrendamiento de viviendas.

El Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, viene a prorrogar de nuevo determinadas medidas para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica. Entre otras medidas, se actualizan las referentes a: suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda; aspectos relacionados con la garantía de los suministros de energía eléctrica, gas natural y agua, y con el bono social eléctrico; y el procedimiento para la gestión de las solicitudes de las personas arrendadoras o propietarias de viviendas afectadas por la suspensión de los desahucios o lanzamientos.

De igual manera, en virtud del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, se vienen a adoptar otra serie de medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Por su parte, el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, viene a adoptar y prorrogar determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Asimismo, el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, establece, entre otras medidas, las referentes a la sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. 

 

Medidas de fomento del ahorro y de eficiencia energética.

En virtud del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, se establece un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización:

1) Hasta el 1 de noviembre de 2023, la temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), en concreto en el apartado 2 de la Instrucción Técnica 3.8.1, se limitará a los siguientes valores:

  • La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC.
  • La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC.
  • Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %.

No tendrán que cumplir tales limitaciones de temperatura los recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de normativa específica que así lo establezcan. En este caso, debe existir una separación física entre el recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas.

Los recintos habitables acondicionados a que se alude son, en virtud del RITE, los referidos al interior de esos recintos situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos:

  • Administrativo.
  • Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares.
  • Pública concurrencia: culturales (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).

Los umbrales de temperatura indicados deberán ajustarse, en su caso, para cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo que, entre otros aspectos, establece que:

  • La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC.
  • La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC.

2) Desde el 2 de septiembre de 2022 hasta el 1 de noviembre de 2023, los recintos habitables acondicionados establecidos en el apartado anterior deben informar, mediante carteles informativos o el uso de pantallas:

  • Las medidas de aplicación que contribuyen al ahorro de energía relativas a los valores límite de las temperaturas del aire.
  • Información sobre temperatura y humedad, apertura de puertas y regímenes de revisión y mantenimiento reguladas en el RITE.  

Tales carteles o pantallas podrán indicar, adicionalmente, otras medidas que se estén adoptando para el ahorro y la eficiencia energética, y deberán ser claramente visibles:

  • Desde la entrada o acceso a los edificios.
  • En cada una de las ubicaciones en las que existan los dispositivos de visualización a los que se refiere la Instrucción Técnica oportuna.

3) Antes del 30 de septiembre de 2022, los edificios y locales con acceso desde la calle a los que se hace referencia en apartados anteriores, deben disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado que podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que estas permanezcan abiertas permanentemente, con independencia del origen renovable o no de la energía utilizada para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración.

4) Hasta el 1 de noviembre de 2023, el alumbrado de los escaparates debe mantenerse apagado desde las 22 horas. Esto también es aplicable al alumbrado de los edificios públicos que a tal hora se encuentren desocupados. 

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Garantía de suministro de agua y energía para personas consumidoras vulnerables. 

De acuerdo con el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para aquellas personas consumidoras en las que concurra la condición de personas consumidora vulnerable, vulnerable severa o en riesgo de exclusión social (de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre).

Para acreditar la condición de persona consumidora vulnerable ante las empresas suministradoras de gas natural y agua bastará la presentación de la última factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad. Además, para estas personas:

  • Será de aplicación la prohibición de la suspensión del suministro a aquellas personas consumidoras que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de persona consumidora vulnerable o vulnerable severa, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. Esto se acreditará por certificación de dicha circunstancia ante la empresa suministradora por los servicios sociales oportunos o por personas o entidades mediadoras sociales (entidades del Tercer Sector de acción social con la consideración de entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio), a la que acompañará:
  1. Fotocopia del DNI de la persona consumidora del punto de suministro de la vivienda, así como de todos los miembros de la unidad de convivencia formada por personas con vínculos de parentesco o análogos y, en su caso, de las personas sin vínculos de parentesco o análogos entre sí que se encuentren en la vivienda. 
  2. Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, de todos los miembros anteriores. Para dicha solicitud no se precisará el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio de la persona solicitante.

En cualquier caso, la condición de vulnerabilidad y, por lo tanto, el derecho de percepción del bono social eléctrico, se extinguirá con fecha de 31 de diciembre de 2022, con independencia de poder acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a dicha fecha.  

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Derecho a percepción del bono social eléctrico por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica.

Además de los colectivos que, ya de por sí, tienen derecho a percibir el bono social, en virtud del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, se configura una nueva categoría de persona consumidora vulnerable, a los efectos de la percepción del bono social eléctrico.

De acuerdo con el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, la condición de persona consumidora vulnerable y, por lo tanto, el derecho a percibir el bono social, para estos colectivos considerados vulnerables, se extinguirá con fecha de 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de poderse acoger al bono social eléctrico en cualquier momento anterior o posterior a tal fecha, es decir, si procede, de la percepción del bono social con carácter ordinario.

Además, en materia de bono social en general, en virtud del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2022 los descuentos aplicables en concepto de bono social eléctrico para las personas consumidoras domésticas de energía eléctrica:

  • Para el caso de personas consumidoras consideradas vulnerables, el descuento por bono social eléctrico pasará del 25 % al 60 %.
  • Para el caso de personas consumidoras consideradas vulnerables severas, el descuento por bono social eléctrico pasará del 40 % al 70 %

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Bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, obtendrán este beneficio extraordinario y temporal en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos, las personas y entidades que adquieran tales productos siempre que lo hagan entre los días 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022, ambos incluidos.

Los productos bonificables son los siguientes:

  • Gasolina (G95E5, G95E10, G95E5+, G98E5 y G98E10).
  • Gasóleo de automoción habitual o "gasóleo A" (GOA) y gasóleo de automoción de características mejoradas o "gasóleo A+" (GOA+).
  • Gasóleo B (GOB).
  • Gasóleo para uso marítimo (MGO).
  • Gases licuados de petróleo para propulsión de vehículos (GLP).
  • Gas natural comprimido licuado para propulsión de vehículos (GNC).
  • Gas natural licuado para propulsión de vehículos (GNL).
  • Bioetanol.
  • Biodiésel.
  • Mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con biodiesel que requieran etiquetado específico.
  • También la adquisición del aditivo AdBlue.

La bonificación tiene un importe de 0,20 euros, y se aplicará sobre el precio de venta al público por cada una de las siguientes unidades de medida:

  • Por cada litro de gasolina, gasóleo A, gasóleo B, gasóleo para uso marítimo, GLP, bioetanol, biodiésel, las mezclas, así como del aditivo AdBlue.
  • Por cada kilogramo de GNC y GNL.

Quedan excluidos de la bonificación los productos anteriores utilizados como carburante en la navegación privada de recreo. 

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Medidas excepcionales y temporales de etiquetado relativo a la información alimentaria facilitada a la persona consumidora.

Mientras que la disponibilidad de determinados ingredientes se pueda ver afectada por razones de aprovisionamiento, se entenderán cumplidas las obligaciones de información a las personas consumidoras en materia de información alimentaria mediante la utilización por parte de las entidades operadoras de empresas alimentarias de etiquetas o pegatinas adhesivas, impresión por chorro de tinta u otros sistemas equivalentes que recojan la información actualizada relativa a qué ingredientes se han utilizado para reemplazar los utilizados anteriormente, informándose en todo caso la presencia de alérgenos.

De manera adicional, las entidades operadoras alimentarias, tanto fabricantes como minoristas, podrán utilizar instrumentos complementarios (códigos QR, páginas web o carteles en el establecimiento de venta) para transmitir la información a las personas consumidoras, en función de sus recursos disponibles. Tales instrumentos no se consideran equivalentes a la etiqueta adhesiva o impresión por chorro de tinta, pudiéndose utilizar solo como complemento a la información actualizada en el etiquetado del envase del producto. La información no deberá inducir a error a las personas consumidoras.

En caso de tener que utilizar envases de productos previamente fabricados, con información sobre la composición del producto o denominación del mismo diferente a la finalmente utilizada para su elaboración, la entidad operadora de la empresa alimentaria debe añadir una etiqueta adhesiva, chorro de tinta o sistema equivalente que anule esta información, debiendo anular la declaración del ingrediente que haya sido sustituido, tanto en la denominación de venta como en la lista de ingredientes, así como cualquier otro elemento gráfico que pueda inducir a error a las personas consumidoras sobre la composición real del producto.

La información debe ser fácilmente visible para las personas consumidoras y se asegurará una clara legibilidad en caracteres con tamaño de letra sea igual o superior a 1,2 milímetros. No se pueden incluir en el listado de ingredientes aquellos no utilizados en la elaboración del alimento, tales como aceites vegetales, indicando que han sido utilizados en proporción variable, si alguno de estos aceites no forma parte de la composición real del alimento. 

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Medidas para evitar el desabastecimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista de limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada persona compradora. En este caso, tales medidas deberán ser justificadas y proporcionadas cuando sea preciso:

  • Para impedir el desabastecimiento.
  • Para garantizar el acceso de las personas consumidoras en condiciones equitativas. 

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Suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

  • De acuerdo con el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2022, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por la persona arrendataria, o la finalización del plazo de duración de contratos de arrendamiento urbano (suscritos de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos), en los que se pretendan recuperar la posesión de la finca afectada, se haya suspendido o no previamente el proceso, la persona arrendataria podrá instar la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva. Si no estuviera señalado, por no haber transcurrido el oportuno plazo de 10 días del artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista. Estas medidas de suspensión de carácter extraordinario y temporal, dejarán de surtir efecto el 31 de diciembre de 2022.
  • Para que se pueda dar la suspensión anterior, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de los artículos 5.a) y 5.b) del Real Decreto-ley 11/2020 de vulnerabilidad económica acompañando su escrito con los documentos oportunos. El procedimiento de solicitud de suspensión es, en esencia, como sigue:
  1. Presentación del incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el oportuno Juzgado (escrito con la documentación preceptiva).
  2. El personal letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la acreditación a la persona demandante, quien en plazo máximo de 10 días podrá acreditar ante el Juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adoptara la medida de suspensión.
  3. Presentados ambos escritos (por persona arrendataria y por persona demandante) se dará traslado de toda la documentación a los servicios sociales competentes, que elaborará el oportuno informe hacia el Juzgado en plazo máximo de 10 días en el que se valorará la situación de vulnerabilidad de la persona arrendataria y, en su caso, de la arrendadora y se identifiquen las medidas a aplicar.
  4. La persona titular del Juzgado oportuno, a la vista de la documentación y del informe de servicios sociales, dictará auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considerara acreditada la vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad de la persona arrendadora. Si no se acreditara la vulnerabilidad de la persona arrendataria o bien debiera prevalecer la vulnerabilidad de la persona arrendadora se acordará la continuación del procedimiento. En todo caso, el auto que fije la suspensión señalará expresamente que el día 31 de diciembre de 2022 se reanudará automáticamente el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o se señalará fecha para la celebración de la vista y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.
  5. Acreditada la vulnerabilidad, antes de que finalice el plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas deberán adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales con el fin de satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas las medidas, la Administración deberá comunicarlo inmediatamente al Tribunal, y la persona letrado de la Administración de Justicia deberá dictar en el plazo máximo de 3 días decreto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento. 

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Suspensión del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.

  • De acuerdo con el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, hasta el 31 de diciembre de 2022, en estos supuestos, en todos los juicios verbales en los que se sustancien las demandas, y en aquellos otros procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título que las habilite para ello, la persona titular del Juzgado tendrá la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2022. Estas medidas de suspensión extraordinaria y temporal, dejarán de surtir efecto en todo caso el 31 de diciembre de 2022.
  • Para poderse proceder a la suspensión del lanzamiento, será preciso que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 10 viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica correspondiente al artículos 5.a) del Real Decreto-ley 11/2020.
  • La persona titular del Juzgado tomará la decisión previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble esté causada por una situación de extrema necesidad (se valorará adecuadamente en informe de servicios sociales), así como las circunstancias relativas a la cooperación de las personas que habitan el inmueble afectado con las autoridades en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantice el derecho a una vivienda digna.
  • Para que se dé la suspensión anterior, quien habite la vivienda sin título habrá de ser persona dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o tener a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. Asimismo, la persona o personas que ocupan la vivienda sin título deberán acreditar, además, que se encuentran en alguna de las situaciones de vulnerabilidad del artículos 5.a) del Real Decreto-ley 11/2020. El procedimiento de solicitud de suspensión es, en esencia, como sigue:
  1. La persona o personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica indicada con anterioridad presentarán ante el Juzgado oportuno escrito con la documentación preceptiva.
  2. El personal letrado de la Administración de Justicia dará traslado de inmediato a los servicios sociales competentes de la documentación, solicitándose informe de los mismos al respecto. Este informe deberá ser emitido en plazo máximo de 15 días, y en él se valorará la situación de vulnerabilidad de la persona o personas que hayan fijado su vivienda en el inmueble afectado, y en el que se identifiquen las medidas a aplicar por la administración oportuna.
  3. Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite la vivienda y ponderadas por la persona titular del oportuno Juzgado todas las demás circunstancias concurrentes, esta dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el tiempo que restara hasta el 31 de diciembre de 2022. Si la persona solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se encontrara entre las personas con derecho a instar la suspensión, la persona titular del Juzgado acordará mediante auto la continuación del procedimiento.
  4. Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las Administraciones públicas competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez adoptadas dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo inmediatamente al Tribunal competente, y su persona titular deberá dictar en el plazo máximo de tres días auto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento y el correspondiente lanzamiento.
  • En ningún caso se procederá a la suspensión del lanzamiento si la entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar, entre otros, en los siguientes supuestos:
  1. Cuando se haya producido en un inmueble propiedad de una persona física, si en el mismo tiene su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada (con independencia del número de viviendas de las que sea persona propietaria).
  2. Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviera en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
  3. Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
  4. Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
  5. Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la misma a una persona solicitante por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda.

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Derecho de las personas arrendadoras y propietarias a la compensación en casos de suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos.

De acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, se establece el derecho a compensación de las personas arrendadoras y propietarias en los casos de suspensión extraordinaria de desahucios y lanzamientos. Dicha disposición adicional segunda ha sido modificada en virtud del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, y del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. En este sentido:

En los supuestos de suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional:

  • Estas personas podrán solicitar una compensación cuando la Administración oportuna, en los 3 meses siguientes a que se emita el informe de servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.
  • La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido la persona arrendadora, por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o hasta el 31 de diciembre de 2022.
  • Si el valor anterior fuera superior a la renta que viniera percibiendo la persona arrendadora, la compensación consistirá en la renta dejada de percibir durante el mismo periodo anterior más los gastos corrientes. 
  • La solicitud de compensación se podrá presentar hasta el 31 de enero de 2023, debiendo formular la persona arrendadora una exposición razonada y justificada de la compensación procedente sobre la base de los criterios anteriormente indicados.

En los supuestos de suspensión extraordinaria del procedimiento de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los casos de los apartados 2º, 4º y 7º del artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  • Las personas propietarias de las viviendas afectadas tendrán derecho a solicitar una compensación si durante los 3 meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada, tales medidas no se hubieran adoptado por la Administración oportuna y siempre que las personas propietarias acrediten que la suspensión del lanzamiento les haya ocasionado perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble.
  • Si se acreditara que concurre perjuicio económico, la compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido la persona propietaria, por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por auto o hasta el 31 de diciembre de 2022.
  • La solicitud de compensación se podrá presentar hasta el 31 de enero de 2023, debiendo formular la persona titular de la vivienda una exposición razonada y justificada de la compensación procedente sobre la base de los criterios anteriormente indicados.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, modificado en virtud del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero y del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio:

  • Se adoptan las medidas para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones a las personas arrendadoras o propietarias en los casos de que se haya producido algún supuesto de suspensión extraordinaria de desahucio y lanzamiento.
  • Las compensaciones que no se hayan podido realizar con los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, se podrán realizar con los del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 regulado por Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.
  • Se establece el procedimiento para la presentación, tramitación y resolución de solicitudes formuladas por las personas arrendadoras o propietarias de las viviendas afectadas por la suspensión extraordinaria de los desahucios y lanzamientos. En este sentido:
  1. Dicho procedimiento para la obtención de las compensaciones se iniciará a instancia de la persona interesada, mediante una solicitud que se podrá presentar hasta el día 31 de enero de 2023, y dirigida por la persona arrendadora o propietaria al órgano de vivienda de la comunidad autónoma (en el caso de Andalucía a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio).
  2. La solicitud anterior deberá ir acompañada de una exposición razonada y justificada de la compensación por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión extraordinaria, o bien la suspensión del lanzamiento, y el momento en que la misma se levante por el Tribunal o por alcanzar el límite temporal del 31 de diciembre de 2022, siguiéndose para ello el procedimiento indicado en el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio.
  3. El plazo máximo para resolverse y notificarse la resolución a la persona interesada es de 3 meses (pudiéndose, excepcionalmente, acordar de manera motivada ampliar dicho plazo en 3 meses más, circunstancia que se notificará expresamente a la persona interesada). Si pasara tal plazo y no se hubiera producido la notificación expresa, la persona interesada podrá entenderla estimada por silencio administrativo. ​

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Contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En virtud del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, la persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda cuya renta deba ser actualizada por cumplirse la correspondiente anualidad de vigencia justo dentro del periodo entre el 27 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, podrá negociar con la persona arrendadora el incremento que se aplicará en dicha actualización de la renta. En este sentido:

  • En el supuesto de que la parte arrendadora sea gran tenedora de viviendas (la persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo, en todo caso, garajes y trasteros):
  1. El incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, y no podrá exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de la mencionada actualización (se tomará como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último Índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato). Actualmente, está situado en el 2 %.
  2. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
  • En el caso de que la parte arrendadora no sea gran tenedora de viviendas:
  1. El incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes.
  2. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de dicha actualización (se tomará como mes de referencia para la actualización el que corresponda al último Índice que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato). Actualmente, está situado en el 2 %.

 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril de 2020 y el 28 de febrero de 2022finalice el periodo de prórroga obligatoria o el periodo de prórroga tácita previsto, podrá aplicarse, previa solicitud de la persona arrendataria, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses, durante los cuales se seguirán manteniendo los mismos términos y las mismas condiciones establecidos para el contrato en vigor.

La solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por la parte arrendadora, salvo que:

  • Se fijen otros términos u otras condiciones por acuerdo entre las partes.
  • En el caso de que la parte arrendadora haya comunicado en los plazos y condiciones del artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, la necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los casos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

​Según lo indicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta medida solo puede ser solicitada una vez durante todo el periodo en el que ha estado vigente la misma.  

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Moratoria de la deuda del alquiler.

Dirigida a las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del Covid-19:

  • De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, la persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar de la persona arrendadora (cuando esta sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados)hasta el 28 de febrero de 2022, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta (siempre que tal aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre las partes).
  • Si no hay acuerdo entre las partes, la persona arrendadora comunicará expresamente a la arrendataria, en plazo máximo de 7 días laborables su decisión entre las alternativas establecidas en el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y que son, básicamente:
  1. Reducción del 50% de la renta durante el tiempo del estado de alarma y las mensualidades siguientes si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses).
  2. Moratoria en el pago de la renta aplicable de manera automática durante el tiempo del estado de alarma y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si ese plazo fuera insuficiente (con máximo de 4 meses). La reestructuración de la deuda se haría por fraccionamiento de las cuotas durante, al menos, 3 años.

Según lo indicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esta medida solo puede ser solicitada una vez durante todo el periodo en el que ha estado vigente la misma. ​ 

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Medidas aplicables a las juntas de personas propietarias de las comunidades en régimen de propiedad horizontal.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de marzo:

  • La obligación de convocar y celebrar la junta de personas propietarias en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal quedará suspendida hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Durante el mismo período, queda igualmente suspendida la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual.
  • Durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno, aunque a fecha de 9 de mayo de 2021 hubiera expirado el plazo legal o estatutariamente establecido.
  • Excepcionalmente, durante dicho período la junta de personas propietarias podrá reunirse a solicitud de la persona presidenta o de la cuarta parte de las personas propietarias, o un número de estas que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación, si fuera necesaria la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021. Entre los acuerdos que no pueden demorarse se entenderán incluidos en todo caso los atinentes a las obras, actuaciones e instalaciones mencionadas en el artículo 10.1.b) de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que sí requieran acuerdo de la junta. En este sentido:
  1. La junta de personas propietarias podrá celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que: todas las personas propietarias dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por la persona administradora con antelación a la junta; y la persona secretaria reconozca la identidad de las personas propietarias asistentes a la junta y así lo exprese en el acta.
  2. Será también posible la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, siempre que puedan cumplirse las debidas garantías de participación de todas las personas propietarios, identidad de la persona remitente y de recepción de la comunicación.
  3. La junta de personas propietarias podrá celebrarse de forma presencial cuando se garanticen las medidas de seguridad en cada momento aplicables. 

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Líneas de avales y ayudas.

Avales.

Por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, en virtud del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se estableció una línea de avales para la cobertura de la financiación a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad social y económica ocasionado por el Covid-19. A este respecto, se publicó la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de las personas arrendatarias de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Del mismo modo, se publicó Resolución de 1 de mayo, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento COVID-19. A través de esta Orden:

La Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, modificaba los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril:

Puede acceder al Instituto de Crédito Oficial (ICO), para obtener mayor información al respecto de esta línea de avales, así como al Servicio de atención a la clientela del ICO, y al Servicio de atención a la ciudadanía del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

Ayudas.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reguló un programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, en virtud del artículo 10 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En su virtud, se publicó la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, que incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (modificada por Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre)En esa Orden se regulan, entre otros aspectos:

  • El programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
  • El programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La información sobre las ayudas mencionadas se puede obtener accediendo a la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Las Comunidades Autónomas concederán las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con la acreditación de tales circunstancias (a través de informe de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o servicios  sociales locales oportunos, en el que se atiendan y valoren las circunstancias personales que aconsejen la concesión de la ayuda). Puede ampliar información en los distintos órganos con competencias en la materia:

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, dispone de información sobre:

Puede obtener, en este caso, información y asesoramiento sobre estas ayudas, así como en materia de vivienda protegida, patrimonio, rehabilitación de viviendas y edificios, así como en materia de asistencia telemática y consulta de expedientes, en el Servicio de atención a la ciudadanía INFO.VIVIENDA:

  • A través del teléfono 955 06 09 98, de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 19:00 horas de manera ininterrumpida.
  • De manera telemática, las 24 horas del día a través del correo buzón de INFO.VIVIENDA).

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Si necesita información en materia de consumo no dude en contactar con nosotros. Le recordamos que estamos a su disposición de forma gratuita y continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, del correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es, así como en nuestros perfiles de redes sociales o a través de esta misma página Web. Y si prefiere un servicio de atención presencial, puede acercarse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo, presentes en todas las capitales de provincia andaluzas.

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