Esta orden incluye, entre otros aspectos, el derecho de los abonados a ver reflejado de forma gratuita en sus facturas telefónicas el coste total de las llamadas de conexión a Internet.
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En este Real Decreto se establece, por una parte, el servicio universal de telecomunicaciones, que garantiza ciertas prestaciones a todos los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, a un precio asequible y con un nivel de calidad determinado.
Y por otra, se reconocen a todos los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, con independencia del operador con el que contraten, una serie de derechos, como disponer de un contrato en el que figuren las condiciones que se le aplican, darse de baja en cualquier momento, ser indemnizado en caso de interrupción del servicio o recibir facturación detallada, entre otros.
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