Este Real Decreto es la transposición de la Directiva 2010/45/UE del Consejo y sustituye al Real Decreto 1496/2003 de 28 de noviembre que queda derogado
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El decreto considera que la correcta gestión de los distintos tributos exige que la Administración tributaria disponga de una adecuada información, especialmente en lo referente a las transacciones económicas derivadas del desarrollo de actividades empresariales o profesionales. De ahí la importancia de que los empresarios y profesionales cumplan correctamente el deber de expedir factura por cada una de las operaciones que realicen sin que ello, por otra parte, deba perturbar el normal desarrollo de sus actividades.
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