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Se procede a prorrogar determinadas medidas de diferente índole, relacionadas con la garantía de los suministros de agua, gas natural y electricidad para personas consideradas vulnerables, los desahucios, el derecho a la percepción del bono social eléctrico para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica, así como en materia de contratos de arrendamiento de la vivienda habitual y el derecho a compensación de las personas arrendadoras.